Impacto del gravamen a bebidas saborizadas: retos y perspectivas para la industria de bebidas

El gobierno federal propuso un incremento del 87% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a bebidas saborizadas, en el Paquete Económico 2026 -que aprobará el Congreso durante los próximos meses- y cuyo objetivo sería mitigar el impacto del alto consumo de azúcares en la salud pública y, al mismo tiempo, fortalecer la recaudación fiscal, pero ¿cuáles serían los efectos de esta medida para la industria de bebidas?

Dado que el tema genera una gran polarización, es importante explicar los puntos de vista de varios actores relevantes sobre los impuestos a las bebidas saborizadas y la evolución del IEPS, para entender el impacto que la medida, anunciada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, tendría a largo plazo en la industria de bebidas.

Cabe mencionar que el IEPS surgió en 1980 como parte de la reforma fiscal impulsada durante el sexenio de José López Portillo. De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), este gravamen “se cobra a la producción, venta o importación de ciertos bienes y servicios considerados ‘especiales’ porque generan externalidades negativas a la salud o al medio ambiente y no son de consumo esencial”.

Su marco legal está en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (LIEPS), publicada el 30 de diciembre de 1980 en el Diario Oficial de la Federación (DOF), y que entró en vigor el 1 de enero de 1981. Inicialmente, incluía productos como gasolina, diésel, plaguicidas, combustibles fósiles, alcohol, cerveza y tabaco, pero ha tenido múltiples reformas para incluir nuevos productos o ajustar cuotas:

• Años 90. Se ajustan impuestos en bebidas alcohólicas y tabacos.

• 2008-2009. Se amplía a telecomunicaciones, juegos con apuestas y sorteos.

• 2014. Se incorporan alimentos y bebidas con alta densidad calórica y azucaradas (como parte de la reforma fiscal del presidente Enrique Peña Nieto).

Expansión del gravamen a bebidas saborizadas

Cuando las bebidas saborizadas fueron incluidas en el IEPS en 2014, la tarifa inicial se fijó en un peso por litro; desde entonces, se ha ajustado cada año conforme a la inflación, alcanzando actualmente 1.64 pesos por litro. En la propuesta del Paquete Económico 2026, el gobierno plantea un incremento del 87%, lo que elevaría el impuesto a 3.08 pesos por litro.

Además, la propuesta busca ampliar la base gravable para incluir bebidas saborizadas y energizantes que contengan edulcorantes no calóricos, o sea, bebidas “light” y “cero”. Esta expansión, de acuerdo con el gobierno de México, se justifica por la preocupación sobre los posibles efectos adversos del consumo excesivo de edulcorantes.

Antecedentes de la medida y contexto global

La reforma fiscal de 2014 que incorporó a las bebidas azucaradas en el IEPS se enmarcó en un contexto global de lucha contra las enfermedades no transmisibles (ENT) como la obesidad y la diabetes, impulsado por organismos internacionales, entre ellos la OMS, Unicef y el Banco Mundial, que relacionaron estos padecimientos con el consumo de refrescos y recomendaron elevar los impuestos a estos productos.

Varios países se alinearon con dichas recomendaciones como Australia (en 2000), Islas Fiyi (en 2006), Naurú (2007), Finlandia y Hungría (2011), Francia (2012), Chile y México (2014), la ciudad de Berkeley, California (2015), Bélgica (2016), Tailandia (2017), Irlanda, Reino Unido y Sudáfrica (2018).

Sobre los resultados de estas medidas, un estudio publicado en 2019 por el Pan American Journal of Public Health señala que los impuestos han tenido efectos diferenciados; por ejemplo, mientras en Sudáfrica cayó 29% el consumo en un año, en Reino Unido la industria reformuló sus productos para evitar una disminución en las ventas y redujeron 30% el azúcar de la mayoría de los refrescos. En Chile, el consumo disminuyó un 21% aunque algunos informes señalan que este efecto se diluye con el tiempo si no se ajusta el precio conforme a la inflación.

¿Qué ha pasado en México tras el IEPS de 2014?

En el caso de México, tras la implementación del IEPS se registró una reducción inmediata en las compras de refrescos y bebidas azucaradas, el consumo cayó 5.5% en 2014 y 9.7% en 2015, con descensos mayores en hogares de bajos ingresos; sin embargo, la efectividad del gravamen fue transitoria, según el paper de Pan American Journal of Public Health.

Este argumento se sustenta en datos actuales, los cuales muestran que, a 11 años de aplicarse esta medida, México continúa encabezando el consumo de bebidas azucaradas, con más de 166 litros por persona al año.

Para la industria y algunos analistas, esto se debe a que el impuesto a las bebidas azucaradas fue una medida principalmente recaudatoria, que no modificó significativamente los hábitos de consumo y sólo generó un impacto en el bolsillo de los consumidores.

¿Cuáles son las posturas de los diferentes actores involucrados?

Tras el anuncio del Paquete Económico 2026, las posturas en torno al aumento de impuestos a las bebidas saborizadas se han polarizado:

Gobierno federal. El titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, dijo el 9 de septiembre en una conferencia de prensa que la medida busca “incentivar hábitos de consumo más saludables y contribuir a financiar costos asociados a enfermedades crónicas bajo la lógica de una política de salud humanista y no recaudatoria”.

Días más tarde, el 11 de septiembre, el subsecretario de integración y desarrollo del Sector Salud, Eduardo Clark García, señaló que esta política pública está basada en evidencia internacional y “busca salvar vidas, reducir conductas que dañan la salud y destinar recursos a prevención y educación”. También indicó que las estimaciones prevén una reducción de 7% en el consumo durante los primeros dos años y una recaudación de hasta 41,000 millones de pesos.

Con relación a los impuestos, mencionó que el incremento no es desproporcionado “como sonaba en algunas de las cámaras refresqueras de que las tiendas de conveniencia van a cerrar y que vamos a duplicar el precio final”, agregó que no buscan afectar a los consumidores, sino que “procuramos que consuman un poco menos”.

ONGs. Organizaciones de la sociedad civil como El Poder del Consumidor, Salud Justa, Red de Acción sobre Alcohol y Fundar, ofrecieron una conferencia de prensa el 10 de septiembre, donde señalaron que las medidas anunciadas por el gobierno “aún son limitadas” y que en el caso de las bebidas saborizadas debería aumentar a siete pesos por litro.

Cámaras y asociaciones. Para la industria de bebidas y sus asociaciones, la propuesta es meramente recaudatoria, ineficaz en materia de salud y perjudicial en lo económico:

• MexBeb: Afirma que el impuesto no modifica hábitos de consumo ni mejora la salud, lo considera un “tema meramente recaudatorio” y resalta los esfuerzos de la industria en reformulación (30% menos calorías en promedio, 55% de su portafolio bajo en azúcar o sin calorías) y defiende su relevancia económica (3.4% del PIB, 1.9 millones de empleos).

• Cámara de la Industria Alimenticia: Advierte que el aumento sería “histórico” y que el alza se trasladará al consumidor, afectando la inflación.

• ANPRAC: Señala que en años previos las ventas crecieron a pesar del impuesto, cuestionando su efectividad.

• CANACINTRA: Destaca la falta de percepción social sobre refrescos y “productos chatarra” como un problema más de educación que de impuestos.

¿Cómo lograr un equilibrio entre estas posturas?

En México, el sobrepeso y la obesidad tienen una prevalencia combinada de 75% en la población adulta del país, según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT). Dichas condiciones, se relacionan con padecimientos crónicos como las enfermedades del corazón y la diabetes mellitus, que de acuerdo con INEGI encabezaron las causas de muerte en 2024.

Partiendo de estos datos, la decisión del gobierno federal sobre el IEPS parece positiva, pero estudios como el de Pan American Journal of Public Health muestran que en México los resultados de este gravamen han sido favorables en cuanto a recaudación, pero limitados en materia de salud.

La razón podría ser que el gravamen no se acompañó de políticas públicas encaminadas a mejorar los hábitos alimenticios y la activación física de la población, ni se cambiaron ciertas bases estructurales que perpetúan los elevados índices de obesidad en ciertas poblaciones -especialmente las de menor ingreso- relacionadas con la falta de acceso a servicios de agua potable, de alimentos saludables o de áreas destinadas al deporte.

En un artículo de opinión publicado en El Independiente, Eduardo Gómez de la O, presidente de la Asociación Mexicana de Gasto Público AC., señala que “la prevalencia de diabetes ha seguido subiendo, de 8.9% en 2012 a 18.4% en 2023, con 130 mil nuevos casos en los primeros meses de 2025 y 115 mil muertes en 2022”.

Entonces, si el consumo de bebidas saborizadas se ha mantenido y la diabetes continúa al alza, ¿cómo podrían incluirse las tres posturas sobre el IEPS para mejorar la salud pública? Gómez de la O propone que el gravamen se eleve aún más -como lo han sugerido algunas ONGs-, pero en lugar de fijar una cuota estándar sugiere que sea escalonada para incentivar a las empresas a reformular sus productos y reducir el consumo de azúcar sin afectar a la industria de bebidas, que en México genera 1.9 millones de empleos.

Aunque esta postura suena equilibrada, debemos tomar en cuenta algo importante que menciona el diario El País en una nota publicada en septiembre de 2025: “el refresco es un producto inelástico, es decir que, aunque suba de precio, la mayoría lo sigue comprando, lo que sí ha aumentado (desde 2014) es la recaudación fiscal”.

Por lo tanto, subir de precio los refrescos no va a cambiar su consumo si no se acompaña de una respuesta integral por parte del gobierno, en la que además de fortalecer al sistema de salud pública, se garantice el acceso a la población a alimentos saludables y a agua potable segura y de calidad.

Este último punto ha sido un tema pendiente en diversas comunidades rurales, donde las bebidas saborizadas a menudo sustituyen al agua debido a que su precio es menor y son más abundantes ante la falta de potabilizadoras.

Estrategias de adaptación de la industria

Desde que las bebidas azucaradas se sumaron al IEPS, la industria ha buscado reformular los productos y diversificar su oferta hacia opciones sin azúcar, pero la propuesta de gravar también a las bebidas con edulcorantes no calóricos amenaza esta estrategia, entonces, ¿qué sigue?

En 2014, ante la aplicación del IEPS, el consumo se movió hacia bebidas no gravadas como agua, leche o té, que tuvieron un crecimiento de 2.1%. El impuesto que podría aprobarse para 2026, abre una oportunidad para las bebidas no carbonatadas con más opciones de aguas, tés y bebidas funcionales.

Otras áreas de oportunidad serían:

• Desarrollar productos más allá del light. Si los edulcorantes también están bajo la lupa, pueden desarrollar nuevas categorías de bebidas saludables como las fermentadas, con fibra o micronutrientes, orientadas a la salud.

• Innovar en nuevas presentaciones. Ampliar la oferta con nuevos envases y tamaños más pequeños.

• Etiquetas voluntarias más estrictas. Implementarlas, reflejaría su compromiso con la salud y sería un diferenciador con otras compañías.

• Potenciar la responsabilidad social. Más allá de las campañas de marketing, la industria puede financia programas de educación nutricional en escuelas y comunidades, pero diseñados y supervisados por instituciones de salud o universidades.

• Generar alianzas. Podrían destinar un porcentaje de ventas para financiar programas de acceso a agua potable en comunidades rurales, trabajando junto a gobiernos locales u ONGs.

Perspectivas a largo plazo

A nivel global, las perspectivas a largo plazo para la industria de bebidas apuntan hacia una tendencia de mayor regulación fiscal y sanitaria, lo que obligará a las empresas a navegar entre retos y oportunidades estratégicas para redefinir su competitividad en el contexto internacional.

La competitividad de la industria mexicana de bebidas se enfrentará a desafíos, pero también podría fortalecerse a largo plazo si se adapta estratégicamente.

Desafíos:

• Mayores costos de producción y precios elevados podrían afectar la demanda y hacer que los productos mexicanos sean menos competitivos en mercados de exportación si las regulaciones en otros países son menos estrictas.

• La reducción del mercado tradicional de bebidas azucaradas, donde México ha sido el mayor consumidor per cápita, impactará los volúmenes de producción y las economías de escala.

• La nueva fiscalización de bebidas con edulcorantes podría limitar la capacidad de la industria para competir en el segmento de "cero calorías" que había sido una vía de adaptación.

Oportunidades:

• Alineación con tendencias globales de salud: La tendencia mundial apunta a la reducción del consumo de azúcar y la promoción de dietas saludables. Empresas mexicanas que lideren la innovación en bebidas saludables y reformuladas estarán mejor posicionadas para competir en un mercado global cada vez más consciente.

• Experiencia en adaptación: La industria mexicana ya tiene una década de experiencia lidiando con el IEPS y ha demostrado capacidad para reformular productos y diversificar su portafolio. Esta experiencia puede ser una ventaja comparativa en un mundo donde más de 119 países ya aplican impuestos similares.

• Potencial de innovación: Las exigencias regulatorias pueden impulsar a las empresas a desarrollar nuevas tecnologías y productos más saludables que podrían ser exportables a mercados con regulaciones similares o consumidores exigentes en materia de salud. Países como Reino Unido, Sudáfrica y Chile han logrado reducir significativamente el azúcar y el consumo con medidas similares, lo que demuestra la capacidad de adaptación de la industria global.

• Reputación mejorada: Un compromiso genuino con la salud pública y la innovación en productos saludables podría mejorar la reputación de la industria mexicana a nivel global, atrayendo a consumidores y socios comerciales interesados en la sostenibilidad y el bienestar.

Ante el nuevo panorama que le espera a la industria de bebidas en México rumbo a 2026, para prosperar a largo plazo deberá transformar su modelo de negocio de uno centrado en bebidas saborizadas masivas a uno que priorice la salud, la innovación sostenible y la colaboración con las políticas públicas, redefiniendo así su valor y su lugar en el mercado nacional e internacional.