Ley REP en América Latina: cómo cambia el diseño y la gestión del empaque alimentario

Durante décadas, el desempeño de un envase alimentario se evaluó principalmente por su capacidad para proteger el producto, prolongar su vida útil, facilitar el transporte y comunicar la marca. Hoy, esos criterios siguen siendo indispensables, pero ya no son suficientes.

La expansión de los esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en América Latina está incorporando una nueva variable al desarrollo de envases: demostrar que, una vez concluida su función, pueden integrarse de manera efectiva a sistemas de recuperación, reciclaje o valorización.

Este cambio responde a una transformación regulatoria que busca trasladar parte de la responsabilidad sobre los residuos desde los gobiernos locales hacia quienes introducen productos en el mercado. Bajo esta lógica, fabricantes, importadores y titulares de marca deben participar en la gestión de los envases que ponen en circulación, ya sea mediante sistemas colectivos o individuales de gestión, el cumplimiento de metas de recuperación y la presentación de información que permita verificar esos resultados.

La implementación varía entre países, pero la dirección es la misma: el ciclo de vida del envase ya no termina cuando el alimento llega al consumidor.

Qué obliga la Ley REP a fabricantes de empaque alimentario en diseño y gestión de residuos

Aunque los esquemas de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) presentan diferencias entre países, todos responden a un mismo principio: trasladar a quienes introducen productos en el mercado la responsabilidad de gestionar los residuos que éstos generan una vez concluida su vida útil.

En el caso de los envases alimentarios, esto implica que fabricantes, propietarios de marca e importadores ya no solo deben garantizar que el empaque preserve la calidad e inocuidad de los alimentos, sino también demostrar que puede integrarse a esquemas de recuperación, reciclaje o valorización acordes con la normativa vigente.

Este cambio modifica la forma en que se concibe el desarrollo del envase. Variables como la reciclabilidad, la compatibilidad de los materiales con la infraestructura de aprovechamiento disponible, la trazabilidad de sus componentes y la generación de información para el cumplimiento regulatorio comienzan a incorporarse desde las primeras etapas de diseño.

Aunque los mecanismos para lograrlo varían dependiendo de la geografía, la tendencia en América Latina apunta hacia una mayor corresponsabilidad de la industria en la gestión de los residuos de envases.

Chile: el referente regional en metas obligatorias para envases

Chile fue el primer país de América Latina en establecer un esquema integral de Responsabilidad Extendida del Productor mediante la Ley 20.920, complementada por el Decreto Supremo N.º 12, que fija las metas de recolección y valorización para envases y embalajes.

La normativa obliga a los productores a:

• incorporarse a sistemas de gestión autorizados

• declarar los envases que introducen al mercado

• contribuir al cumplimiento de metas progresivas diferenciadas por material, como papel y cartón, plástico, vidrio, metales o cartón para bebidas.

Estas obligaciones han convertido el diseño del envase en un factor estratégico, ya que estructuras difíciles de recuperar o reciclar incrementan la complejidad y el costo para alcanzar dichas metas. De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente de Chile, el objetivo es que los productores asuman la organización y financiamiento de la gestión de los residuos derivados de los envases que comercializan.

Colombia: fortalecer la circularidad desde la gestión de envases

En Colombia, la Responsabilidad Extendida del Productor se consolidó inicialmente con la Resolución 1407 de 2018 y fue fortalecida mediante la Resolución 803 de 2024, que actualiza el régimen para envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal.

La regulación exige a los productores formular e implementar planes de gestión ambiental, reportar el cumplimiento de las metas de aprovechamiento y fortalecer los mecanismos de seguimiento por parte de la autoridad ambiental.

Más que prohibir determinados materiales, la normativa busca incentivar el desarrollo de envases que puedan reincorporarse de manera efectiva a las cadenas de aprovechamiento, promoviendo una mayor articulación entre fabricantes, propietarios de marca, recicladores y gestores de residuos.

México: la REP entra al marco de la economía circular

En México, la Responsabilidad Extendida del Productor quedó incorporada por primera vez de forma explícita en la Ley General de Economía Circular, publicada en enero de 2026. La legislación establece que productores, importadores y demás actores que introducen bienes al mercado deberán participar en esquemas que favorezcan la prevención de residuos, la reutilización, el reciclaje y otras estrategias de economía circular.

Asimismo, incorpora el principio de que los productos deberán diseñarse, cuando sea técnica y económicamente viable, para facilitar su reparación, reutilización, reciclaje y valorización.

Sin embargo, el marco mexicano aún enfrenta retos importantes para su implementación. A diferencia de Chile, la ley no establece metas específicas de recuperación para envases ni define mecanismos operativos sectoriales para su cumplimiento, por lo que buena parte de su aplicación dependerá de reglamentos, normas secundarias y programas que desarrollen las autoridades en los próximos años.

Esto significa que, aunque la REP ya forma parte del marco jurídico nacional, todavía existe incertidumbre sobre cómo se traducirá en obligaciones concretas para la industria del empaque alimentario.

Impacto en costos de cumplimiento, rediseño de envase y reporting regulatorio

Como ya lo mencionamos anteriormente, la incorporación de la Responsabilidad Extendida del Productor (REP) obliga a los fabricantes de empaques alimentarios a replantear procesos que históricamente se enfocaban en proteger el alimento y optimizar costos.

Hoy, el desarrollo de un envase también debe responder a criterios de circularidad, trazabilidad y cumplimiento regulatorio, lo que repercute en distintas áreas de la organización. En este sentido, entre los principales cambios que enfrenta la industria destacan:

• Rediseño de materiales y estructuras para mejorar la reciclabilidad del envase.

• Mayor control sobre la cadena de suministro, mediante la homologación de proveedores y la validación de materias primas.

• Incremento de costos asociados al cumplimiento, derivados de pruebas, certificaciones y adecuaciones de procesos.

• Fortalecimiento de los sistemas de trazabilidad y reporting para demostrar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias.

• Mayor presión por innovar, equilibrando sostenibilidad, inocuidad, desempeño técnico y competitividad.

Uno de los principales retos consiste en adaptar los envases a criterios de reciclabilidad sin afectar su función principal: proteger los alimentos.

Esto puede implicar sustituir estructuras multicapa difíciles de recuperar por alternativas compatibles con los sistemas de reciclaje, revisar el uso de adhesivos, tintas o etiquetas que interfieran con la valorización de los materiales e incorporar resinas recicladas cuando la aplicación y la normativa sanitaria lo permitan. Sin embargo, cualquier modificación debe mantener propiedades críticas como la barrera al oxígeno y la humedad, la resistencia mecánica y la inocuidad del producto.

Las nuevas regulaciones también incrementan la cantidad de información que los fabricantes necesitan obtener de sus proveedores. Conocer la composición de las materias primas, el origen del contenido reciclado, la presencia de sustancias restringidas o la compatibilidad de los materiales con los procesos de reciclaje se convierte en un requisito para demostrar el cumplimiento regulatorio.

Esto ha llevado a muchas empresas a reforzar sus procesos de homologación y auditoría de proveedores, especialmente cuando abastecen a marcas globales sujetas a diferentes marcos regulatorios.

La adaptación a la REP supone inversiones que van más allá del rediseño del envase. Las empresas deben destinar recursos a ensayos de laboratorio, validaciones técnicas, certificaciones, actualización de especificaciones, capacitación del personal y, dependiendo del país, contribuciones a sistemas de gestión responsables de la recolección y valorización de residuos.

En Chile, por ejemplo, la Ley REP establece que los productores deben financiar la gestión de los residuos derivados de los productos prioritarios que ponen en el mercado mediante sistemas de gestión autorizados.

Otra consecuencia de estos marcos regulatorios es la creciente importancia de la gestión de datos. Las empresas deben generar información sobre los materiales utilizados, los volúmenes comercializados, el contenido reciclado incorporado y el cumplimiento de metas de recuperación o aprovechamiento, dependiendo de la legislación aplicable.

Esto ha impulsado la adopción de herramientas digitales para concentrar la información ambiental del envase y facilitar la elaboración de reportes para autoridades, clientes y sistemas de gestión.

En Europa, el Reglamento sobre Envases y Residuos de Envases (PPWR) contempla mecanismos para mejorar la disponibilidad de información sobre la composición, sostenibilidad y circularidad de los envases, incluyendo el desarrollo de sistemas digitales que faciliten su trazabilidad a lo largo de la cadena de valor.

Aunque estas disposiciones aplican al mercado europeo, marcan una tendencia que probablemente influirá en la forma en que otros mercados gestionen la información ambiental de los envases.