Impacto del etiquetado frontal nutricional en México: resultados, retos y futuro regulatorio

A cinco años de la entrada en vigor del etiquetado frontal de advertencia nutricional en México, expertos en salud pública, derecho alimentario y sociedad civil coincidieron en que esta política ha demostrado ser efectiva para mejorar las decisiones de compra, favorecer la reformulación de productos y contribuir a la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT).

Sin embargo, también alertaron sobre los desafíos que persisten, especialmente ante la capacidad de adaptación de la industria y la necesidad de fortalecer el blindaje legal de la norma frente a nuevas estrategias comerciales.

En el Webinar Análisis a cinco años de implementación del etiquetado frontal en alimentos y bebidas, participaron, Alejandra Contreras, Investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Javier Zúñiga, Experto en derecho a la salud y nutrición; y Sofía Charvel, Académica del ITAM y referente en regulación alimentaria y presentaron los hallazgos más recientes de su implementación.

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Evaluación de impacto del cumplimiento normativo del etiquetado frontal

Los resultados de múltiples estudios desarrollados desde el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del INSP apuntan a una alta comprensión, aprobación y uso del etiquetado por parte de la población mexicana, particularmente en grupos vulnerables como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, responsables del hogar, poblaciones indígenas y niños.

Desde el inicio de la política en octubre de 2020, el cumplimiento normativo ha sido vigilado por COFEPRIS y PROFECO, retirando productos que no cumplen con los criterios de la NOM-051.

Además, se ha documentado una reducción en la presencia de personajes infantiles en productos con sellos, aunque persisten vacíos que permiten su uso en alimentos reformulados o con un solo ingrediente.

En términos de reformulación, los estudios reportan reducciones sustanciales en calorías, azúcares añadidos y grasas saturadas. Por ejemplo, en la primera fase de implementación se observó una disminución de 2 gramos de azúcares añadidos por cada 100 ml en bebidas, y un incremento de productos libres de sellos del 25% al 33% del total en el mercado.

A nivel conductual, el uso del etiquetado aumentó del 52% al 79% en adultos y hasta 85% entre padres y madres de familia. Los sellos más observados y utilizados en decisiones de compra son los de calorías, grasas saturadas y azúcares añadidos.

Asimismo, se han reportado cambios positivos en la dieta con una reducción de hasta 140 kcal por día en consumo, mayor ingesta de agua y menor consumo de refrescos, según datos de la ENSANUT y del International Food Policy Study.

Defensa jurídica y papel de la sociedad civil

Por su parte, Javier Zúñiga destacó la importancia de la interacción entre derecho y ciencia para la defensa del etiquetado frente a la oposición de la industria.

Señaló que desde su aprobación, más de 160 amparos fueron promovidos por empresas alimentarias, siendo resueltos por la Suprema Corte en abril de 2022 con fallos unánimes a favor de la política pública.

Esta resolución consolida el etiquetado como una herramienta que protege el derecho a la salud, la información y una alimentación adecuada.

Zúñiga subrayó que estos fallos sientan precedentes obligatorios, blindando jurídicamente la norma y abriendo la puerta para fortalecer otros marcos regulatorios, como la publicidad dirigida a menores y la venta de productos ultraprocesados en entornos escolares.

Asimismo, resaltó el valor estratégico de los amicus curiae presentados por organizaciones científicas, académicas e internacionales como la OMS y UNICEF, que aportaron evidencia clave para la deliberación judicial.

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Perspectiva crítica y próximos pasos del etiquetado frontal

Sofía Charvel ofreció una visión crítica y reflexiva. Si bien reconoció los logros del etiquetado como resultado de más de una década de incidencia técnica y legal, advirtió que la velocidad de respuesta del Estado sigue siendo insuficiente ante la magnitud del problema. “Seguimos con cifras alarmantes de obesidad y enfermedades crónicas. La regulación avanza, pero más lento que la industria”, afirmó.

Charvel recordó que los primeros intentos de etiquetado datan de 2006 con el Acuerdo Nacional de Salud Alimentaria, y que la actual política fue posible tras años de enfrentamientos con intereses comerciales.

Además, subrayó la urgencia de implementar políticas complementarias, como el etiquetado fiscal y la restricción efectiva de la publicidad de alimentos ultraprocesados, especialmente en plataformas digitales.

Respecto al futuro del etiquetado, se enfatizó que en octubre de 2025 entrará en vigor la tercera fase de la NOM-051, la cual incorporará criterios más estrictos. Se estima que aumentará ligeramente el número de productos con sellos, especialmente por grasas saturadas y sodio, lo que podría detonar nuevas reformulaciones.

Aunque la revisión quinquenal de la norma está prevista, los expertos alertaron sobre la posibilidad de que esta apertura sea utilizada por la industria para debilitar sus alcances, por lo que insistieron en la necesidad de una vigilancia técnica y jurídica permanente.

Evidencia sólida y nuevos frentes regulatorios

El foro dejó claro que el etiquetado frontal en México es una política basada en evidencia robusta, que ha logrado influir tanto en el comportamiento del consumidor como en la oferta de productos. No obstante, también se evidenció la necesidad de profundizar en su implementación y ampliarla hacia otras áreas de política pública.

Los especialistas coincidieron en que los próximos pasos deben incluir: actualizar la NOM051 con base en nueva evidencia científica; fortalecer los criterios para reformulación y nuevos ingredientes; avanzar en la regulación de la publicidad y el entorno escolar; y garantizar una mayor coherencia entre las políticas fiscales, de salud pública y comerciales.

Finalmente, los especialistas coinciden que la continuidad y efectividad del etiquetado dependerán no solo del poder regulador del Estado, sino también del involucramiento constante de la sociedad civil, la academia y los consumidores, quienes tienen la capacidad de ejercer presión directa a través de sus decisiones de compra.

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