Europa. – Enfrentar el problema de la pérdida y el desperdicio alimentario se presenta como una ocasión para cosechar múltiples ventajas como: mejorar el medio ambiente, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) esta problemática global no puede ser ignorada, especialmente en un momento en que el hambre en el mundo está en aumento y los precios de los alimentos siguen en aumento.
Según el último informe de la organización sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el número de personas afectadas por el hambre aumentó hasta 828 millones en 2021, lo que supone un incremento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde 2019. En total, se calcula que 3 mil 100 millones de personas no tienen acceso a una dieta saludable.
Para poder reducir estos números, es necesario que en conjunto, industrias, gobiernos y consumidores implementen tácticas o programas que ayuden a reducir este problema de alimentación global. Uno de los casos más recientes es el de España, que aprobó el proyecto de ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, cuyo propósito principal es reducir la cantidad de alimentos que acaban en la basura.
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La nueva legislación española sobre el desperdicio alimentario
La recién aprobada normativa sobre prevención de pérdidas y desperdicios alimentarios requerirá que todas las empresas implicadas en la cadena alimentaria implementen un Plan de Prevención de Desperdicios Alimentarios.
Otras medidas incluyen la colaboración con organizaciones sin fines de lucro o bancos de alimentos, todo con el objetivo de reducir al mínimo la cantidad de recursos desaprovechados y aprovecharlos al máximo. Estos requerimientos también supondrán una oportunidad para el upcycling y la reintroducción de subproductos en la cadena alimentaria.
De acuerdo con el gobierno español, la recién promulgada ley es innovadora y se basa en los principios fundamentales para fomentar la justicia social, la protección del medio ambiente y el crecimiento económico. La reducción del desperdicio alimentario, como se subrayó, tendrá beneficios para una economía circular, sostenible, de baja emisión de carbono y más competitiva.
Otro aspecto importante de la nueva legislación es la de regular el uso prioritario de los alimentos para consumo humano, fomentar la donación de alimentos y crear conciencia en la sociedad sobre la importancia de reducir el desperdicio de alimentos.
Con el fin de lograr estos objetivos, la ley incentivará la implementación de buenas prácticas desde los productores primarios durante la cosecha y recolección de los alimentos, hasta los consumidores, tanto en el hogar como en bares y restaurantes, ya que el desperdicio de alimentos ocurre en todas las etapas de la cadena.
La nueva ley establece que los establecimientos de hostelería deben proporcionar envases adecuados para alimentos
Cómo influirá la nueva normativa en la industria hotelera y restaurantera
La nueva ley indicó que los establecimientos de hostelería deben proporcionar envases adecuados para alimentos, reutilizables o fácilmente reciclables, y ofrecer a sus clientes la opción de llevarse los no consumidos sin costo adicional. Debido a este requisito, la legislación fue apodada informalmente como “la ley del tupper”.
De acuerdo con las declaraciones de la Confederación Empresarial de Hostelería de España (CEHE) realizadas para el sitio autonomosyemprendedor.es, “el sector viene trabajando desde hace tiempo por evitar el desperdicio alimentario, ya que está cada vez más comprometido y es más responsable, no solo con el desperdicio alimentario, sino con la economía circular y con cualquier aspecto que pueda reducir el impacto en el medio ambiente y suponga una conciencia y un compromiso social”.
El principal punto de este proyecto de ley que compromete al sector hostelería es en la materia de informar y la obligatoriedad de tener envases para que los comensales puedan llevarse el excedente de sus comidas. Realmente es algo que se venía produciendo de manera normalizada, ya que siempre ha existido la posibilidad de que cuando el cliente pidiera la comida que sobraba en el plato, se lo pudiera llevar”, continuó la CEHE en la misma declaración.
🚯"Evitar el despilfarro de alimentos es un objetivo que en lo básico nos une a todos"#AquíNoSeTiraNada
🤝El ministro @LuisPlanas señala la necesidad ética de la ley contra el desperdicio alimentario que debe suscitar consenso
📰https://t.co/H0kWTwBk00 pic.twitter.com/MxiszTDfxO— Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (@mapagob) February 22, 2023
Los números del desperdicio alimentario en España
Con la implementación de esta nueva ley, el gobierno español se comprometió a cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que incluye la meta de disminuir a la mitad el desperdicio de alimentos para ese año.
A pesar de los altos números a nivel global, para España parece que el desperdicio cede, ya que, los datos del período de abril a septiembre de 2022 indicaron que la cantidad total de desperdicio alimentario en hogares disminuyó un 5% en comparación con el mismo período del año anterior, con un total de 586.3 millones de kilos.
Dicha reducción se debe principalmente a un menor consumo más que a una mejor gestión de los alimentos, ya que la tasa de desperdicio de los productos sin usar aumentó ligeramente (del 4.2% en la primavera-verano de 2021 al 4.3% en la primavera-verano de 2022).
En lo que respecta al desperdicio fuera del hogar, durante el semestre de primavera-verano de 2022 se desperdiciaron 10.5 millones de kilolitros, lo que representó una disminución del 17.6% en comparación con el mismo período de 2021.
El sistema de sanciones establece como infracción grave la falta de un plan de prevención de pérdidas y desperdicios alimentarios
¿Habrá sanciones si no se cumple la ley?
Según el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPA), el sistema de sanciones establece como infracción grave la falta de un plan de prevención de pérdidas y desperdicios alimentarios, para la cual se prevén multas que oscilan entre 2 mil y 60 mil euros, así como una infracción leve repetida en un período de dos años.
Se considerarán infracciones leves no aplicar la jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos o que las industrias, empresas de distribución al por menor, de hostelería y restauración no lleven a cabo la donación de aquellos productos no vendidos que son aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio.
En el caso de empresas y organizaciones sociales que reciben donaciones, se considerará una infracción leve el hecho de no distribuir los excedentes a personas necesitadas o establecer alguna forma de discriminación en la distribución de alimentos basada en la discapacidad, edad, género, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, nacionalidad, situación administrativa, origen racial o étnico, religión o creencias, u otras condiciones o circunstancias personales o sociales.
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