Nueva ley de etiquetado frontal en Colombia: ¿qué cambia y a quién afecta?

El etiquetado frontal en Colombia entra en una nueva fase en 2026 marcada por una revisión profunda de su marco normativo. Este proceso responde a una combinación de factores: el aumento sostenido de enfermedades no transmisibles (ENT), la necesidad de fortalecer herramientas de información al consumidor y la evidencia —todavía en debate— sobre el impacto de los sistemas de advertencia nutricional.

Desde la implementación inicial del etiquetado frontal en el país, Colombia ha transitado por varias resoluciones que han buscado armonizar criterios técnicos, comunicación de riesgos y viabilidad industrial.

Sin embargo, el nuevo proyecto normativo —actualmente en consulta pública— propone un rediseño estructural que va más allá de ajustes operativos: transforma categorías de alimentos, introduce nuevos conceptos y modifica el modelo de perfil de nutrientes.

El resultado es un escenario altamente sensible para la industria de alimentos y bebidas, donde convergen objetivos de salud pública, incertidumbre científica y preocupaciones económicas.

De acuerdo con actores del sector, esta sería la cuarta modificación normativa en menos de tres años, lo que evidencia la complejidad de estabilizar un sistema regulatorio eficaz y sostenible.

Los cambios en el etiquetado frontal colombiano

En el webinar Consulta pública de nueva norma de etiquetado nutricional y rotulado frontal, los expertos destacan la propuesta legislativa para modificar el etiquetado nutricional de productos alimenticios en Colombia, destacando seis cambios fundamentales en la normativa vigente.

De acuerdo con Camilo Montes, Director Ejecutivo de la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI (Asociación Nacional de Empresarios de Colombia), estos son los cambios:

1. Nuevo sello de advertencia para "ultraprocesados": Se crea un sello inédito a nivel global que deberán llevar todos los alimentos que incluyan en su formulación algún aditivo cosmético o ingrediente ultraprocesado.

2. Sellos obligatorios en empaques medianos: Los empaques con un área entre 30 cm² y 5 cm² estarán obligados a incluir todos los sellos de advertencia necesarios (como el de ultraprocesados y los de exceso en grasas saturadas, sodio o azúcares).

3. Uso de micro sellos en empaques pequeños: En empaques de menos de 5 cm², se exige la inclusión de un micro sello. Existe preocupación sobre si la información adicional obligatoria permitirá que este sello quepa físicamente en el espacio disponible.

4. Sustitución del sello positivo: El actual sello azul de "visto bueno" se elimina y se reemplaza por un nuevo sello positivo con una cara feliz, cambiando también las condiciones y requisitos para su uso.

5. Cambios visuales en las tablas nutricionales: Se modifican las reglas para la presentación de la información en las tablas nutricionales (estándar, simplificadas o tubulares), lo que obligará a la industria a reimprimir todos los empaques que contengan estas tablas.

6. Prohibición de declaraciones nutricionales: Al igual que con los sellos actuales, los productos que lleven el nuevo sello de ultraprocesados tendrán prohibido realizar declaraciones nutricionales, impidiendo resaltar beneficios en salud o nutrición del alimento.

Además de estos cambios, el experto enfatiza una reducción significativa en el periodo de transición para implementar la norma, el cual pasaría de los 18 meses establecidos con anterioridad a solo seis meses en el nuevo borrador.

Creación del sello de advertencia por ultraprocesados

Uno de los cambios más significativos y polémicos es la creación de un nuevo sello de advertencia para productos "ultraprocesados". Según Camilo Montes, este sello "no existe en ninguna regulación del mundo" y debería ser portado por cualquier alimento que incluya en su formulación un aditivo cosmético o un ingrediente ultraprocesado.

La norma introduce definiciones para estos conceptos que, según los expertos, carecen de precedentes regulatorios internacionales. Al respecto, Liliana Peralta, presidenta de ACTA, advierte que el término "ultraprocesamiento" no es una definición científica reconocida en bases de datos globales.

Peralta señala que la propuesta confunde la formulación de un alimento con su procesamiento, lo cual es un dilema regulatorio mayor, ya que las normas deberían basarse en datos científicos sólidos y replicables, no en "ideas" que cambian anualmente.

La problemática de los micro-sellos en empaques reducidos

La nueva resolución impone exigencias físicas que, según las fuentes, rayan en la imposibilidad técnica para ciertos formatos de empaque. Específicamente, se obliga a colocar todos los sellos de advertencia necesarios, incluyendo el de ultraprocesados y los de exceso en sodio, azúcares o grasas, en empaques cuya área de cara principal esté entre 30 cm² y 5 cm².

Para empaques aún más pequeños, de menos de 5 cm², la norma exige un "micro sello". Montes resalta que, aunque estos micro-sellos existen en otras geografías, en Colombia la cantidad de información adicional obligatoria requerida por empaque no permitiría físicamente que estos quepan.

Esta situación genera una "imposibilidad física" de cumplimiento para muchos productos que hoy se comercializan masivamente. El etiquetado frontal ocuparía hasta el 30% de la cara de exhibición, dejando poco espacio para la información real que el consumidor necesita para su decisión de compra.

Cambios en las tablas nutricionales y el nuevo sello positivo

La normativa también propone una transformación visual de las tablas nutricionales y el sistema de incentivos positivos. Actualmente, bajo la Resolución 810, existen filas específicas de información; sin embargo, el nuevo borrador plantea cambios que obligarían a la industria a imprimir de nuevo la totalidad de sus empaques, sin importar si usan formatos estándar, simplificados o tubulares.

En cuanto al "sello positivo", el actual visto bueno azul se elimina para dar paso a una "cara feliz" bajo la denominación de "Alimento Saludable". No obstante, este nuevo sello solo aplicaría para alimentos sin procesar o mínimamente procesados, excluyendo a productos que utilicen ingredientes como aceites vegetales (si se consideran grasas adicionadas) o edulcorantes.

La presidente de la Asociación Colombiana de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ACTA), Liliana Peralta critica que el sello "saludable" entra en contradicción con otros artículos de la misma norma que prohíben hacer declaraciones nutricionales de salud si el producto tiene sellos de advertencia, generando confusión tanto en el fabricante como en el consumidor.

Impacto económico en las pymes colombianas

La visión gremial es de profunda preocupación por la viabilidad financiera del sector. Camilo Montes enfatizó que el Ministerio de Salud no presentó un análisis de impacto económico detallado, por lo que la ANDI realizó un sondeo preliminar. Solo entre sus afiliados, los costos estimados para adaptarse a estos cambios superan los 106 mil millones de pesos.

Este impacto es "devastador" para las micro y pequeñas empresas, quienes verían sus márgenes esfumarse ante los costos de actualizar planchas de impresión y cireles. Un cambio de etiqueta para una sola referencia puede costar entre 5 y 8 millones de pesos, una cifra que se multiplica exponencialmente para empresas con portafolios diversos.

Además, se advierte sobre un posible colapso de los proveedores de empaques, quienes no tendrían capacidad para atender todas las solicitudes de actualización simultáneamente, dejando a los fabricantes más pequeños en última prioridad.

El concepto de "ultraprocesamiento" bajo la lupa de ACTA

Desde la perspectiva de ACTA, la base técnica de la norma es cuestionable. Liliana Peralta argumenta que el sistema de clasificación NOVA, en el que se basa la propuesta, confunde la matriz del alimento con su nivel de procesamiento.

Peralta sostiene que "el procesamiento de alimentos es necesario para tener seguridad alimentaria", permitiendo la digestibilidad, la inocuidad y la fortificación, especialmente crucial en contextos como la pandemia donde el consumo de alimentos procesados aumentó significativamente.

La experta califica de "quimiofobia" la invención del término "aditivo cosmético", el cual no existe en el Codex Alimentarius ni en la FAO. Categorizar sustancias como leudantes, espesantes o colorantes como "cosméticos" para justificar un sello de ultraprocesamiento es, según Peralta, un error que ignora la función técnica de estos ingredientes en la seguridad y estabilidad de los alimentos.

Además, la especialista advierte que los estudios de correlación estadística usados por el Ministerio no demuestran causalidad entre los sellos y la reducción de enfermedades no transmisibles en Colombia.

Riesgos para la seguridad alimentaria y la desinformación del consumidor

Una preocupación recurrente para los especialistas es el efecto contraproducente que el etiquetado frontal excesivo puede tener en la dieta de los colombianos. Sandra Milena Restrepo, docente de la Universidad del Quindío, calificó la propuesta como "peligrosa", sugiriendo que los consumidores podrían creer que consumir solo productos con el sello de "Alimento Saludable" es suficiente, descuidando macronutrientes y micronutrientes esenciales.

Por otro lado, la prohibición de hacer declaraciones nutricionales en productos con el sello de ultraprocesados impedirá que el consumidor conozca beneficios reales de ciertos alimentos.

Liliana Peralta subraya que "ningún alimento es malo y ningún alimento es bueno" por sí solo, sino que todo depende de la dosis y el equilibrio nutricional. La saturación de advertencias en los empaques podría generar miedo en lugar de informar, alejando al consumidor de productos que son seguros y necesarios para su nutrición diaria.

Impacto económico para las empresas

La ANDI prevé un impacto devastador tanto en términos económicos como operativos para las empresas de alimentos en Colombia debido a la nueva propuesta de regulación del etiquetado frontal.

Impacto económico

• Costos multimillonarios: Según un sondeo preliminar realizado por la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, solo para una pequeña fracción de sus empresas afiliadas, los costos de implementación superarían los 106.000 millones de pesos.

• Costo por referencia: Se estima que el costo de actualizar cada referencia de producto en una planta puede oscilar entre los 5 y 8 millones de pesos.

• Pérdida de márgenes: El sector enfrenta un incremento en los precios de los materiales de empaque debido a problemas logísticos internacionales (como en el estrecho de Ormuz), lo que, sumado a los costos de re-etiquetado, hace que los márgenes de ganancia de las empresas se "esfumen".

Impacto operativo y logístico

• Plazos inviables: El borrador de la norma propone un periodo de transición de tan solo 6 meses, lo cual es considerado insuficiente frente a los 18 meses que otorgó la Resolución 810 anteriormente.

• Imposibilidad física en los empaques: Existe una preocupación técnica crítica sobre el espacio disponible. En empaques pequeños (de entre 5 cm² y 30 cm²), la obligación de incluir todos los sellos de advertencia, el nuevo sello de ultraprocesados y la información nutricional adicional genera una imposibilidad física de cumplimiento.

• Rediseño total de etiquetas: Los cambios en las reglas visuales de las tablas nutricionales obligarán a las empresas a imprimir de nuevo la totalidad de sus empaques, independientemente de si usan formatos estándar, simplificados o tubulares.

• Colapso de proveedores: Se prevé que los proveedores de empaques colapsen ante la demanda masiva y simultánea de actualización de planchas y cireles. Esto afectará especialmente a los fabricantes más pequeños, quienes quedarían en última prioridad y correrían el riesgo de perder ventas.

• Capacidad institucional agotada: El sector advierte que el Invima no tiene la capacidad operativa para tramitar el volumen masivo de solicitudes de agotamiento de etiquetas que se generarían bajo este nuevo esquema.

• Gestión de inventarios: La fecha límite propuesta para el agotamiento de existencias (15 de agosto de 2027) no se alinea con los ciclos de consumo de stock de muchas empresas, lo que resultaría en un desperdicio masivo de material y un impacto ambiental negativo.

Este escenario representa un desafío estructural significativo, considerando que el 98% de la industria de alimentos en Colombia está conformada por micro y pequeñas empresas que cuentan con menos recursos para absorber estos cambios frecuentes en la normativa.

Un calendario de implementación crítico: La urgencia del sector

El tiempo de transición es quizás el punto de mayor fricción inmediata. Mientras que normativas anteriores como la Resolución 810 otorgaron 18 meses para la implementación, el nuevo borrador propone solo 6 meses para realizar todos los cambios físicos y registros ante el Invima.

Las fuentes indican que el Invima no tiene la capacidad operativa para tramitar la avalancha de solicitudes de agotamiento de etiquetas que se avecinaría. La fecha límite propuesta para el agotamiento de existencias es el 15 de agosto de 2027, un plazo que los expertos consideran insuficiente dado que muchas industrias manejan inventarios de empaques para periodos más largos por razones de costos y logística.

Finalmente, Camilo Montes invitó a todos los actores a participar masivamente en la consulta pública para que el Gobierno comprenda que estos plazos son "realmente inviables" y que se requiere una implementación armónica que no ponga en riesgo el abastecimiento de alimentos en el país.