Impacto económico para las empresas

La ANDI prevé un impacto devastador tanto en términos económicos como operativos para las empresas de alimentos en Colombia debido a la nueva propuesta de regulación del etiquetado frontal.

Impacto económico

Costos multimillonarios: Según un sondeo preliminar realizado por la Cámara de la Industria de Alimentos de la ANDI, solo para una pequeña fracción de sus empresas afiliadas, los costos de implementación superarían los 106.000 millones de pesos.
Costo por referencia: Se estima que el costo de actualizar cada referencia de producto en una planta puede oscilar entre los 5 y 8 millones de pesos.
Pérdida de márgenes: El sector enfrenta un incremento en los precios de los materiales de empaque debido a problemas logísticos internacionales (como en el estrecho de Ormuz), lo que, sumado a los costos de re-etiquetado, hace que los márgenes de ganancia de las empresas se "esfumen".

Impacto operativo y logístico

Plazos inviables: El borrador de la norma propone un periodo de transición de tan solo 6 meses, lo cual es considerado insuficiente frente a los 18 meses que otorgó la Resolución 810 anteriormente.
Imposibilidad física en los empaques: Existe una preocupación técnica crítica sobre el espacio disponible. En empaques pequeños (de entre 5 cm² y 30 cm²), la obligación de incluir todos los sellos de advertencia, el nuevo sello de ultraprocesados y la información nutricional adicional genera una imposibilidad física de cumplimiento.
Rediseño total de etiquetas: Los cambios en las reglas visuales de las tablas nutricionales obligarán a las empresas a imprimir de nuevo la totalidad de sus empaques, independientemente de si usan formatos estándar, simplificados o tubulares.
Colapso de proveedores: Se prevé que los proveedores de empaques colapsen ante la demanda masiva y simultánea de actualización de planchas y cireles. Esto afectará especialmente a los fabricantes más pequeños, quienes quedarían en última prioridad y correrían el riesgo de perder ventas.
Capacidad institucional agotada: El sector advierte que el Invima no tiene la capacidad operativa para tramitar el volumen masivo de solicitudes de agotamiento de etiquetas que se generarían bajo este nuevo esquema.
Gestión de inventarios: La fecha límite propuesta para el agotamiento de existencias (15 de agosto de 2027) no se alinea con los ciclos de consumo de stock de muchas empresas, lo que resultaría en un desperdicio masivo de material y un impacto ambiental negativo.

Este escenario representa un desafío estructural significativo, considerando que el 98% de la industria de alimentos en Colombia está conformada por micro y pequeñas empresas que cuentan con menos recursos para absorber estos cambios frecuentes en la normativa.