Instan a México a anular el decreto por maíz genéticamente modificado al carecer de sustento científico

La International Chamber of Commerce México (ICC México) considera que debido a la falta de evidencia científica que respalde la prohibición del uso de maíz genéticamente modificado en alimentos impuesta por México, existe el riesgo de perder paneles de resolución de controversias. Y, con ello, el gran impulso al superávit comercial en el sector agroalimentario que el año pasado superó los 15 mil millones de dólares.

Entre 2019 y el año pasado, el comercio agroalimentario entre México y Estados Unidos creció de 50 mil 877 millones de dólares a 73 mil 137 millones de dólares, alcanzando la cifra más alta en la historia comercial entre ambos países.

En este sentido, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos, las exportaciones mexicanas alcanzaron una cifra récord de 44 mil millones de dólares en 2022, lo que representa un incremento del 14% con respecto al cierre de 2021.

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Disputa sobre el maíz genéticamente modificado

Esta disputa tiene su origen en un primer decreto emitido el 31 de diciembre de 2020, el cual restringió el uso de maíz genéticamente modificado en todo tipo de alimentos para consumo humano.

Posteriormente, se pretendió acotar esta medida mediante un segundo decreto publicado el 13 de febrero de 2023, el cual aclara que el uso del maíz modificado genéticamente se restringe inmediatamente para la alimentación humana mediante nixtamalización o la elaboración de harina. Y de manera gradual para su uso industrial en la producción de productos destinados a la alimentación humana y animal.

La ICC México insta a los gobiernos de los Estados Unidos, Canadá y México a participar en las consultas sobre el maíz genéticamente modificado con una actitud positiva, con el objetivo de resolver las diferencias y mantener el flujo comercial del producto sin afectar a ninguno de los socios en el T-MEC.

Dado que el maíz genéticamente modificado es un producto perecedero, las consultas tendrán que celebrarse dentro de los 30 días siguientes. Finalmente, el organismo sugiere al gobierno de México que, durante las consultas, evalúe de manera seria y detenida la derogación de este decreto, cuyo sustento jurídico no ha sido evidenciado.

Foto: Freepik

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