La OCDE lanzó un estudio cuya meta es analizar y remover regulaciones obsoletas que limitan la capacidad competitiva de la industria cárnica en México.
Los responsables de este proyecto estudiaron estas regulaciones a lo largo de la cría, sacrificio animal, procesamiento y hasta la comercialización mayorista y minorista del producto final, así lo indicó Roberto Martínez Yilescas, director de OCDE México.
El estudio contó con entrevistas con el personal del Consejo Mexicano de la Carne, Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG), Confederación de Porcicultores Mexicanos (Porcimex), Unión Nacional de Avicultores (UNA), Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y (SENASICA), con las cuales se obtuvieron las recomendaciones de los principales ejes.
El director de la OCDE señaló que, en su totalidad, se analizaron 121 legalizaciones y 76 restricciones prima facie y, como consecuencia, se hicieron 57 recomendaciones. El organismo primero observó una restricción con respecto al transporte del ganado bovino dentro del país. Esta actividad, requiere una certificación de la asociación ganadera local que opera en el municipio de origen del animal.
A decir de Roberto Martínez, es obligatorio proporcionar la prueba de propiedad de los animales transportados, tiene un efecto no deseado en la competencia. Estas certificaciones para el ganado representan un doble control porque ya existe un sistema de identificación, enfatizó Martínez.
Por esa razón, la entidad recomendó erradicar el requisito porque, de aplicarse correctamente, los beneficios oscilarían entre 13.3 millones de pesos (US$718.362) y 398 millones de pesos (US$21.5 millones).
La OCDE señaló otra restricción con respecto a la importación de carnes al territorio mexicano. México exige que los animales y sus productos deben provenir de establecimientos autorizados de países autorizados. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) reconoce e inspecciona los servicios veterinarios de cualquier país que exporta a México.
Ante esa situación, Martínez dijo que sugirió eliminar esa autorización adicional de establecimientos. "Esto debería basarse en acuerdos bilaterales con países que eliminen los requisitos adicionales para la autorización de los exportadores mexicanos por parte de sus autoridades sanitarias.
En estos acuerdos bilaterales cada autoridad sanitaria garantizará la calidad de todos los establecimientos exportadores y sus productos dentro de su jurisdicción.
Otra restricción registrada fue con respecto a la presencia de un Médico Veterinario Responsable Autorizado (MVRA) en mataderos de animales o planta de procesamiento Tipo Inspección Federal (TIF). Según dijo Martínez en su ponencia, "esto podría implicar una duplicación de algunas funciones veterinarias e impone una carga adicional a los pequeños establecimientos TIF.
La OCDE recomendó reducir la dependencia de los establecimientos TIF en los MVRA para que éstos paguen al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) por los servicios veterinarios y a su vez renumere a los veterinarios. Estos veterinarios verificarán el cumplimiento de las regulaciones de SENASICA.
Si se aplica esta recomendación de la OCDE, se estima que los beneficios oscilarían entre 5.4 millones de pesos y 54.4 millones de pesos. Las recomendaciones pueden tener beneficios, que incluye menores precios para los consumidores y hasta una mayor variedad de bienes y servicios.
Fuente: CarneTec
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