Avances de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos en México 2025

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) en México es la máxima ley en materia de gestión de residuos, buscando garantizar un medio ambiente sano y promover el desarrollo sostenible.

Su objetivo principal es prevenir la generación de residuos, maximizar su valorización y asegurar una gestión integral que minimice los impactos negativos en el ambiente y la salud humana.

La LGPGIR, promulgada en 2003, establece la jerarquía de gestión de residuos, (prevención, reutilización, reciclaje, valorización y disposición final), bajo el principio de responsabilidad compartida.

En este marco, a principios de 2025, se han consolidado varios hitos normativos:

• Reformas federales recientes para incorporar residuos emergentes como las baterías de litio 
• Iniciativas estatales alineadas o más exigentes que la normatividad federal, especialmente en cuanto a plásticos de un solo uso. 
• Programas operativos como el PNPGIR en niveles federal y local, que fomentan objetivos de economía circular.

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Reforma fundamental

El 30 de abril de 2025, en la Cámara de Diputados se presentó una reforma al artículo 31, fracción V, para incluir explícitamente a baterías eléctricas a base de mercurio, níquel‑cadmio, ion‑litio y otros compuestos eléctricos bajo un plan de manejo obligatorio.

La causa: el creciente uso de baterías de ion‑litio en electromovilidad y dispositivos electrónicos, y su potencial impacto ambiental y sanitario si no se gestionan adecuadamente.

Las empresas productoras, importadoras o comercializadoras de estas baterías deben contar con plan de manejo en 12 meses, y la SEMARNAT adecuará las NOM correspondientes en 180 días. 

Impacto esperado:

• Amplía la franja de productos sujetos a control ambiental estricto

• Introduce nuevas responsabilidades legales y operativas para actores de la cadena (industria, importadores, gestores)

• Impulsa la homologación técnica de dichas baterías con regulaciones de la UE (Reglamento UE 2023/1542) y EE.UU. (RCRA y políticas EPA) 

Como ejemplo comparativo, la EPA de EE. UU. ya considera baterías de ion‑litio como residuos peligrosos bajo RCRA, lo que genera líneas de acción de gestión y reciclaje robustas.

Plásticos de un solo uso: iniciativas federales y estatales

El 23 de abril de 2025 se presentó una iniciativa que propone prohibir plásticos de un solo uso que no sean reutilizables, reciclables, base compostable o biodegradables.

Aunque aún no se convierte en reforma, la propuesta plantea:

• Precisión del concepto de “plástico de un solo uso”.
• Definición de criterios técnicos para materiales alternativos sostenibles.
• Mecanismos de transición escalonada con plazos definidos y acompañamiento técnico‑industrial.

La iniciativa no busca eliminar todos los plásticos, sino restringir aquellos que eluden el enfoque de economía circular y no cuentan con alternativas ambientalmente racionales.

Por su parte, el Estado de México reformó en febrero 2025 su legislación local para tipificar plásticos de un solo uso, establecer sanciones e impulsar programas educativos desde planteles públicos.

Asimismo, en marzo de ese año se selló un acuerdo gubernativo nacional (SIL) que exige a proveedores que para 2025 al menos 20 % del contenido de envases debe ser material reciclado, y 30 % en 2030.

Estas disposiciones reflejan:

• Sincronización moderna de estándares estatales con la federación.
• Un enfoque de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) que obliga a los productores a garantizar características técnicas medioambientales de sus productos.
• Orientación clara hacia los ODS 12, 13 y 14 en materia de residuos y plásticos.

Operación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

Hasta junio de 2024, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (PNPGIR) sensibilizó a gobiernos estatales y municipales, promovió esquemas de acopio y reciclaje, y fortaleció alianzas sectoriales.

Aunque el reporte abarca a mitad de 2024, varias acciones se han prolongado en 2025:

• Preparación de la propuesta técnica y normativa para gestión de baterías.
• Lineamientos de inclusión de RAP para plásticos.
• Integración de indicadores de cambio climático en los programas de manejo locales.

La CDMX, mediante su Programa de Gestión Integral (PGIR), ha avanzado en:

• Consolidar infraestructura de separación en origen y acopio de residuos plásticos, electrónicos y orgánicos.
• Implementación de indicadores cuantificables para monitoreo trimestral, como tasas de recolección y reducción de residuos.
• Promoción de la economía circular dentro del sector privado, especialmente mediante esquemas colaborativos del sector residuos‑industria.

Este programa, alineado con estrategia nacional y Plan de Acción Basura Cero, ha dotado de estructura formal y técnica a la política local, fortaleciendo además la profesionalización del personal municipal.

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Desafíos para reforzar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos

A pesar de los avances, persisten retos clave a lo largo de 2025:

Armonización jurídica‑normativa

Un estudio del CEMDA (febrero 2025) destaca:

• Falta de criterios comunes en estados para ejecutar la LGPGIR (duplicidad de funciones, vacíos operativos).
• Deficiencias en transparencia sobre incentivos, sanciones y datos del sector informal. 
• Necesidad de estandarización entre normativas estatal, federal y local.

Profesionalización de gestores y sector informal

Se estima que el 74,7 % de trabajadores del sector residuos están en la informalidad. Esto plantea:

• Debilidad institucional ante actividades ilícitas como tráfico de residuos.
• Riesgos laborales y ambientales (ej. incendios por metano en rellenos).
• Persiste la necesidad urgente de capacitación, incentivos y formalización.

Integración con estrategia climática

El CEMDA remarca que el potencial de reducción de emisiones de metano en rellenos es sustantivo. 

Sin embargo, la inversión en infraestructura de captura y valorización energética sigue rezagada por restricciones presupuestales y falta de coordinación con sectores de energía.

Recomendaciones estratégicas para 2025–2026

Con base en el análisis, se sugieren líneas de acción clave:

Consolidación del catálogo de residuos regulados

Acelerar la publicación de NOM adecuadas para pilas y baterías, estableciendo criterios de diseño, etiquetado, acopio y reciclaje dentro del marco de responsabilidad compartida.

Armonización normativa

Crear un comité intergubernamental LGPGIR‑PNPGIR‑SEMARNAT‑estados, con participación de academia y sociedad civil, para generar guías técnicas nacionales homologadas que eviten discrepancias normativas.

Formalización del sector residuos

Diseñar programas de profesionalización laboral, vinculación a esquemas de seguridad social y certificación, apoyados por fideicomisos estatales o fondos verdes.

Economía circular y RAP

Incentivar proyectos piloto de economía circular que incluyan:

• Uso obligatorio de contenidos reciclados en envases (20 % para 2025, 30 % para 2030).
• Esquemas de retorno y reciclaje para baterías.
• Modelos de cooperación público‑privada.

Financiamiento climático

Incluir instrumentos de movilidad verde, capturas de biogás y energía renovable asociada a vertederos dentro del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación Climática, priorizando acceso a fondos internacionales como el FMM o GCF.

El 2025 ha puesto a prueba la LGPGIR como un instrumento vivo, que no solo se reforma, sino que impulsa prácticas y exigencias concretas frente al desarrollo de nuevas tecnologías, los compromisos internacionales y los objetivos de sostenibilidad.

Finalmente, las acciones ahora deben enfocarse en cerrar brechas regulatorias, fortalecer capacidades técnicas, integrarse con estrategias climáticas, y fomentar esquemas de RAP, para que la gestión de residuos deje de ser un problema persistente y se convierta en una oportunidad de innovación, empleo verde y bienestar ambiental.

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