La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR) en México es la máxima ley en materia de gestión de residuos, buscando garantizar un medio ambiente sano y promover el desarrollo sostenible.
Su objetivo principal es prevenir la generación de residuos, maximizar su valorización y asegurar una gestión integral que minimice los impactos negativos en el ambiente y la salud humana.
La LGPGIR, promulgada en 2003, establece la jerarquía de gestión de residuos, (prevención, reutilización, reciclaje, valorización y disposición final), bajo el principio de responsabilidad compartida.
En este marco, a principios de 2025, se han consolidado varios hitos normativos:
- Reformas federales recientes para incorporar residuos emergentes como las baterías de litio
- Iniciativas estatales alineadas o más exigentes que la normatividad federal, especialmente en cuanto a plásticos de un solo uso.
- Programas operativos como el PNPGIR en niveles federal y local, que fomentan objetivos de economía circular.
Reforma fundamental
El 30 de abril de 2025, en la Cámara de Diputados se presentó una reforma al artículo 31, fracción V, para incluir explícitamente a baterías eléctricas a base de mercurio, níquel‑cadmio, ion‑litio y otros compuestos eléctricos bajo un plan de manejo obligatorio.
La causa: el creciente uso de baterías de ion‑litio en electromovilidad y dispositivos electrónicos, y su potencial impacto ambiental y sanitario si no se gestionan adecuadamente.
Las empresas productoras, importadoras o comercializadoras de estas baterías deben contar con plan de manejo en 12 meses, y la SEMARNAT adecuará las NOM correspondientes en 180 días.
Impacto esperado:
- Amplía la franja de productos sujetos a control ambiental estricto
- Introduce nuevas responsabilidades legales y operativas para actores de la cadena (industria, importadores, gestores)
- Impulsa la homologación técnica de dichas baterías con regulaciones de la UE (Reglamento UE 2023/1542) y EE.UU. (RCRA y políticas EPA)
Como ejemplo comparativo, la EPA de EE. UU. ya considera baterías de ion‑litio como residuos peligrosos bajo RCRA, lo que genera líneas de acción de gestión y reciclaje robustas.
Plásticos de un solo uso: iniciativas federales y estatales
El 23 de abril de 2025 se presentó una iniciativa que propone prohibir plásticos de un solo uso que no sean reutilizables, reciclables, base compostable o biodegradables.
Aunque aún no se convierte en reforma, la propuesta plantea:
- Precisión del concepto de “plástico de un solo uso”.
- Definición de criterios técnicos para materiales alternativos sostenibles.
- Mecanismos de transición escalonada con plazos definidos y acompañamiento técnico‑industrial.
La iniciativa no busca eliminar todos los plásticos, sino restringir aquellos que eluden el enfoque de economía circular y no cuentan con alternativas ambientalmente racionales.
Por su parte, el Estado de México reformó en febrero 2025 su legislación local para tipificar plásticos de un solo uso, establecer sanciones e impulsar programas educativos desde planteles públicos.
Asimismo, en marzo de ese año se selló un acuerdo gubernativo nacional (SIL) que exige a proveedores que para 2025 al menos 20 % del contenido de envases debe ser material reciclado, y 30 % en 2030.
Estas disposiciones reflejan:
- Sincronización moderna de estándares estatales con la federación.
- Un enfoque de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) que obliga a los productores a garantizar características técnicas medioambientales de sus productos.
- Orientación clara hacia los ODS 12, 13 y 14 en materia de residuos y plásticos.
Operación del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
Hasta junio de 2024, el Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (PNPGIR) sensibilizó a gobiernos estatales y municipales, promovió esquemas de acopio y reciclaje, y fortaleció alianzas sectoriales.
Aunque el reporte abarca a mitad de 2024, varias acciones se han prolongado en 2025:
- Preparación de la propuesta técnica y normativa para gestión de baterías.
- Lineamientos de inclusión de RAP para plásticos.
- Integración de indicadores de cambio climático en los programas de manejo locales.
La CDMX, mediante su Programa de Gestión Integral (PGIR), ha avanzado en:
- Consolidar infraestructura de separación en origen y acopio de residuos plásticos, electrónicos y orgánicos.
- Implementación de indicadores cuantificables para monitoreo trimestral, como tasas de recolección y reducción de residuos.
- Promoción de la economía circular dentro del sector privado, especialmente mediante esquemas colaborativos del sector residuos‑industria.
Este programa, alineado con estrategia nacional y Plan de Acción Basura Cero, ha dotado de estructura formal y técnica a la política local, fortaleciendo además la profesionalización del personal municipal.
Desafíos para reforzar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos
A pesar de los avances, persisten retos clave a lo largo de 2025:
Armonización jurídica‑normativa
Un estudio del CEMDA (febrero 2025) destaca:
- Falta de criterios comunes en estados para ejecutar la LGPGIR (duplicidad de funciones, vacíos operativos).
- Deficiencias en transparencia sobre incentivos, sanciones y datos del sector informal.
- Necesidad de estandarización entre normativas estatal, federal y local.
Profesionalización de gestores y sector informal
Se estima que el 74,7 % de trabajadores del sector residuos están en la informalidad. Esto plantea:
- Debilidad institucional ante actividades ilícitas como tráfico de residuos.
- Riesgos laborales y ambientales (ej. incendios por metano en rellenos).
- Persiste la necesidad urgente de capacitación, incentivos y formalización.
Integración con estrategia climática
El CEMDA remarca que el potencial de reducción de emisiones de metano en rellenos es sustantivo.
Sin embargo, la inversión en infraestructura de captura y valorización energética sigue rezagada por restricciones presupuestales y falta de coordinación con sectores de energía.
Recomendaciones estratégicas para 2025–2026
Con base en el análisis, se sugieren líneas de acción clave:
Consolidación del catálogo de residuos regulados
Acelerar la publicación de NOM adecuadas para pilas y baterías, estableciendo criterios de diseño, etiquetado, acopio y reciclaje dentro del marco de responsabilidad compartida.
Armonización normativa
Crear un comité intergubernamental LGPGIR‑PNPGIR‑SEMARNAT‑estados, con participación de academia y sociedad civil, para generar guías técnicas nacionales homologadas que eviten discrepancias normativas.
Formalización del sector residuos
Diseñar programas de profesionalización laboral, vinculación a esquemas de seguridad social y certificación, apoyados por fideicomisos estatales o fondos verdes.
Economía circular y RAP
Incentivar proyectos piloto de economía circular que incluyan:
- Uso obligatorio de contenidos reciclados en envases (20 % para 2025, 30 % para 2030).
- Esquemas de retorno y reciclaje para baterías.
- Modelos de cooperación público‑privada.
Financiamiento climático
Incluir instrumentos de movilidad verde, capturas de biogás y energía renovable asociada a vertederos dentro del Plan Nacional de Adaptación y Mitigación Climática, priorizando acceso a fondos internacionales como el FMM o GCF.
El 2025 ha puesto a prueba la LGPGIR como un instrumento vivo, que no solo se reforma, sino que impulsa prácticas y exigencias concretas frente al desarrollo de nuevas tecnologías, los compromisos internacionales y los objetivos de sostenibilidad.
Finalmente, las acciones ahora deben enfocarse en cerrar brechas regulatorias, fortalecer capacidades técnicas, integrarse con estrategias climáticas, y fomentar esquemas de RAP, para que la gestión de residuos deje de ser un problema persistente y se convierta en una oportunidad de innovación, empleo verde y bienestar ambiental.
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