Alimentos chatarra y el impacto de la prohibición a menores

El gobierno de Tabasco siguió el camino de Oaxaca y prohibió la venta de alimentos “chatarra” y bebidas con alto contenido de azúcares a menores de edad.

El suministro a menores de este tipo de alimentos no se permitirá, a menos que quienes lo hagan sean sus padres, madres o tutores legales, dado que tampoco se comercializarán en los centros educativos.

En Tabasco, a esta inactiva se suma la propuesta del pago de un impuesto adicional a la venta de bebidas energizantes y saborizadas, alto impacto económico a toda la cadena de valor de la industria agroalimentaria, sector primordial en el Estado, de acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

La Confederación, que preside Gustavo de Hoyos, considera que esta medida afectará directamente el bolsillo de miles de tabasqueños, dado que los impuestos a bebidas saborizadas, ya han probado su ineficacia a nivel federal al no servir para reducir el consumo ni para financiar programas de educación y salud.

En México, desde 2014 las empresas pagan el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) por la venta de bebidas saborizadas y carbonatadas, cuyo objetivo es desalentar el consumo de refrescos en la población.

Sin embargo, a seis años de la implementación del IEPS a bebidas saborizadas, el 54% del total de los recursos generados han sido pagados por las personas con pobreza, de acuerdo con un informe de la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC).

Pese a que la medida busca de forma indirecta disminuir el consumo de estas bebidas debido a los altos índices de obesidad, la realidad es que los refrescos apenas representan el 6% de las calorías que consume cada mexicano.

A esto se suma que no se ha visto una reducción en la obesidad, dado que México se posicionó en el primer lugar mundial en obesidad infantil y en segundo en la de adultos, por lo que este impuesto sólo ha funcionado como medida recaudatoria.