España reducirá el desperdicio de alimentos con esta Ley

En España se desperdician más de 1 millón de kilos de alimentos, lo que se calcula en 30 kilos por persona, de los cuales el 40% se da en los negocios y hogares y sólo el 20% en la cadena de la industria alimentaria.

Con estas terribles cifras, el Congreso Español votó a favor, con 269 votos, ninguno en contra y 70 abstenciones, una futura ley contra el desperdicio alimentario, en donde se estipula que para 2030 se reducirá a la mitad los residuos alimentarios percápita en la venta minorista y de consumo.

La nueva ley, también se busca disminuir en un 20% la pérdida de alimentos a lo largo de la cadena de producción de alimentos, beneficiando a todos los que trabajan en la industria alimentaria, el medio ambiente y consumidores.

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Estos son algunos puntos de la futura ley estipulada por el Congreso español

•  Todos los agentes de la cadena alimentaria deberán cumplir lo dispuesto por la ley, desde los sectores primario hasta el último agente de la cadena.
• Todas las empresas deberán tener un plan de prevención de desperdicios y llegar a cuerdos con involucrados en el tema para llevarlos a cabo, como bancos de alimentos.
• Los planes deberán configurarse en función del orden jerárquico, es decir, tendrá prioridad el consumo humano.
• Los bancos de alimentos deberán especificar las condiciones en que se recogen, trasladan y almacenan los productos.
• Los alimentos que no han tenido salida, se transformaran para ser consumidos, un ejemplo fruta en mermeladas.
• Cuando el alimento ya no está en óptimas condiciones, se usarán en composta o combustible para no ser desperdiciado.

Adaptaciones y sanciones

Los restaurantes deben permitir a los comensales llevarse la comida que no han consumido en recipientes, que de igual manera se adapten a envases reutilizables, para no generar más desperdicio.

En las adaptaciones de la ley, también se fomenta consumir alimentos que no tengan buena imagen, pero sean comestibles, de esta manera ninguno sea desperdiciado.

Las empresas que no cumplan con estas declaraciones, deberán pagar una sanción de hasta 500 euros, dependiendo si la infracción es leve, grave o muy grave, con esto todas las empresas de la industria alimentaria se deberán acatar.

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