¿Un nuevo esquema fiscal representaría ventajas o desventajas para productores de bebidas con alcohol?

Las ventajas:

Entre los argumentos que se compartieron en la mesa a favor de una reforma en materia fiscal relativa a las bebidas con alcohol, se expuso un mejor desempeño en:

a. La disminución de la evasión fiscal, así como la simplificación administrativa

Concentrar el cobro en productores e importadores facilitaría la fiscalización y reduciría fugas asociadas a múltiples puntos de venta. Para productores formales con controles y trazabilidad, representa menor evasión y además, aseguran, puede traducirse en menor competencia desleal.

b. Señales claras de salud pública

Al encarecer fuertemente bebidas de alta graduación y bajo precio, el esquema apunta a reducir consumo en los segmentos con mayor daño por alcohol, lo que incluso puede alinearse con campañas de prevención y etiquetado informado de este tipo de productos.

c. Incentivo para diversificar portafolios

Si la carga fiscal se basa en contenido alcohólico, los fabricantes podrían innovar en productos de menor graduación alcohólica o en reformulaciones que permitan mantener precios competitivos y abrir nuevos segmentos con perfiles funcionales y/o premium.

d. Potencial mejora de la gobernanza del mercado

Al reducir la evasión, el Estado puede reasignar recursos a control sanitario, a programas de reducción de daños y apoyo a formalización de pequeños productores. Incluso, el diputado Ramírez Cuéllar propuso etiquetar ingresos para salud que conducirían a la creación de inversiones focalizadas.

Para los productores de bebidas alcohólicas, esto se traduce en nuevas condiciones de competencia:

Eficiencia y equidad técnica: el cobro concentrado en producción e importación reduce intermediarios y, con ello, la evasión.
Señal de mercado más clara: la carga fiscal se traslada directamente al contenido de alcohol, incentivando productos de menor graduación o reformulados.
Desafío para PYMEs: quienes basan su competitividad en precio o volumen pueden enfrentar presiones de margen, salvo que se diseñen apoyos transitorios y esquemas diferenciados.

En palabras del Dr. Gerardo Esquivel, autor del estudio base, “no se trata de subir los precios de forma generalizada, sino de modificar los precios relativos: encarecer lo más dañino y aliviar la carga de lo que tiene menor graduación”.

La evidencia presentada muestra que el consumo de alcohol representa el 2.1% del PIB en costos sociales (desde violencia hasta enfermedades crónicas). El nuevo esquema no eliminaría el problema, pero podría corregir parcialmente las externalidades negativas, al encarecer los productos con mayor riesgo sanitario.

Sin embargo, el impacto de una reforma dependerá de su correcta implementación técnica y acompañamiento político, pues un aumento mal calibrado podría reactivar el mercado negro de bebidas adulteradas.

Los riesgos:

No obstante, no todo es miel sobre hojuelas, pues cualquier cambio puede percibirse con incertidumbre en sus primeras fases. En este caso, las primeras apreciaciones piden analizar aspectos como:

a. Impacto heterogéneo por segmento

La simulación muestra que los productos baratos y con alta graduación (como aguardientes y algunos licores) podrían sufrir incrementos de precio importantes, lo que podría reducir el volumen de ventas en dichos subsegmentos y aumentar el riesgo de que prolifere el mercado informal o la adulteración si no hay control reforzado. Del mismo modo, los productores pequeños que compiten en precio serían los más expuestos.

b. Ajustes en cadena de valor y costos de cumplimiento

El cambio en cobro y requerimiento de medición por alcohol puede exigir mayor trazabilidad, etiquetado y controles de laboratorio cuyos costos recaerían sobre los productores, especialmente en aquellos de tamaño micro y PYMEs. Siendo así, se podría requerir de la implementación de programas complementarios que brinden apoyo técnico y financiero a estos sectores.

Si los pequeños productores no reciben apoyo y los costos de cumplimiento aumentan, puede acelerarse la consolidación hacia grandes productores con capacidad de absorber costos regulatorios, lo que reduciría la pluralidad del mercado y afectaría innovación local.

c. Posible desplazamiento de consumo

El impuesto concentrado en alcohol puede reducir demanda de ciertos productos, pero al mismo tiempo, podría aumentar la sustitución favoreciendo el consumo de bebidas no gravadas o con menor regulación (como bebidas azucaradas o alcohol adulterado, por poner un par de ejemplos). En este caso, la política fiscal debería coordinarse con medidas transversales que abarquen el ámbito educativo, el control de mercado negro y los impuestos a bebidas azucaradas a la par.