Los aspectos clave de la Ley de Informantes para el sector gran consumo

España. - La entrada en vigor de la Ley de Informantes, que regula la protección de las personas que informan sobre infracciones normativas y la lucha contra la corrupción, presentará un desafío importante para las empresas de gran consumo en España.

La norma tendrá una influencia decisiva en la gestión de la información y consecuencias para todas las empresas españolas, no solo las que emplean a más de cincuenta trabajadores, que son las obligadas a cumplir con la Ley.

La reglamentación será aplicable a cualquier empresa que tenga en funcionamiento un canal de denuncias en su programa de cumplimiento (conocido como "Sistema de Información" según la nueva Ley), ya sea para prevenir la responsabilidad penal de las personas jurídicas o para prevenir el blanqueo de capitales.

De acuerdo con la nueva regulación, todas las empresas, sin importar su tamaño, deberán cumplir con las cuestiones más innovadoras en relación con los canales de denuncia establecidas en la Directiva de Whistleblowers y que se especifican en la nueva Ley.

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Puntos clave de la nueva Ley de Informantes

Frente a este cambio en el panorama legal, los especialistas de Report@, empresa española que brinda servicios integrales de gestión de canales de denuncia, hacen hincapié en la necesidad de tener toda la información relevante para evitar posibles sanciones.

En este sentido, subrayan cinco aspectos que todas las empresas deberán considerar al enfrentarse a la nueva regulación:

• Anonimato del denunciante: La norma establece la obligatoriedad de aceptar y tramitar denuncias de forma anónima, así como cualquier denuncia no anónima, siempre y cuando se garantice la confidencialidad y privacidad durante toda la investigación. Tanto la Directiva como la Ley de Informantes refuerzan esta obligación, cuyo incumplimiento puede ser sancionado con multas de hasta un millón de euros.
• Necesidad de software de gestión de denuncias: La Ley impone al responsable del canal de denuncias la obligación de mantener contacto con el denunciante de forma anónima. Este contacto sólo podrá realizarse a través de un sistema informático que genere un usuario anónimo y confidencial, con el que los denunciantes puedan acceder al seguimiento de su denuncia.
• Publicidad del canal de denuncias en la página web de la empresa: La nueva normativa no sólo obliga a impartir formación a los empleados sobre el objeto, contenido y alcance del canal de denuncias, sino que establece la obligación de que el sistema de información sea accesible desde la página de inicio de la web de la empresa, incluyendo también el protocolo de funcionamiento de este.
• Abierto a terceros: El canal de denuncias debe estar, siguiendo la Ley, abierto no sólo a cualquier empleado, sino a clientes, proveedores, incluso, terceros que tengan conocimiento de la comisión de cualquier ilícito penal, administrativo o laboral y quieran comunicarlo a la empresa a través del sistema de información.
• Prohibición de represalias contra el denunciante: Se trata de una de las cuestiones fundamentales de la norma. Este elemento intenta evitar cualquier intento de represalia al denunciante; sea empleado, proveedor o un tercero, con la imposición de elevadas multas.

¿Una solución contra la corrupción?

La implementación de estas novedades supondrá una carga adicional para los departamentos de cumplimiento normativo y asesoría jurídica de las empresas ante la previsible expansión exponencial del número de denuncias después de la entrada en vigor de dicha Ley.

Y es que, el artículo 6 establece la posibilidad de que cualquier entidad contrate a empresas especializadas para gestionar externamente el canal de denuncias, con el fin de asegurar el cumplimiento de la normativa que establece plazos y requisitos rigurosos, y también para garantizar la independencia en el proceso de investigación.

Desde Report@, ofrecemos una solución que cumple con todos los requisitos para que las empresas afectadas por la nueva ley cuenten con un servicio integral y acorde con la nueva ley, a través de herramientas tecnológicas que permiten mantener comunicaciones confidenciales evitando así posibles sanciones”, concluyó Manuel Quintanar, director de investigaciones de Report@.

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