América Latina: entre la armonización y la fragmentación regulatoria

En el vasto panorama latinoamericano, las regulaciones sobre aditivos y colorantes presentan una diversidad de enfoques. Algunos países han tratado de alinearse con estándares internacionales de forma colectiva, mientras que otros avanzan de manera unilateral o permanecen rezagados, generando un mosaico regulatorio.

Un actor clave en la región es el Codex Alimentarius, conjunto de normas alimentarias internacionales respaldadas por FAO/OMS: muchas naciones latinoamericanas toman al Codex y a las evaluaciones de JECFA como referencia técnica para autorizar o vetar aditivos.

Gracias a ello, estados centroamericanos evitan disparidades marcadas entre sí en cuanto a qué colorantes se pueden usar en alimentos, presentando un frente más coordinado en protección del consumidor.

En contraste, Sudamérica y la región andina enfrentan mayor fragmentación. Cada país maneja su propia legislación y capacidad de control, con diferencias notables en rigor. Perú, por ejemplo, no cuenta con un reglamento técnico nacional específico para colorantes: su legislación se apoya principalmente en adoptar los lineamientos del Codex Alimentarius, complementado con requisitos de mercados destino (como FDA o EFSA) cuando las empresas exportan.

Esto significa que Perú y otros países sin norma propia suelen permitir la mayoría de los aditivos reconocidos por Codex, a menos que surja alguna directriz internacional fuerte en contra. Otros, como Chile, han sido pioneros en ciertas políticas de alimentación saludable (como el etiquetado frontal de advertencia nutricional), pero en el tema de colorantes sintéticos no han promulgado prohibiciones específicas hasta donde indican los reportes recientes.

Un tema común en Latinoamérica es que los recursos regulatorios y científicos son limitados en varios países, lo que dificulta emprender investigaciones propias o actualizar con rapidez las normas ante nueva evidencia.

En palabras de especialistas, esto conlleva que muchas agencias sanitarias se enfoquen en “importar” criterios internacionales: si la FDA, EFSA o el Codex cambian la evaluación de un colorante, gradualmente esos cambios se discuten a nivel local.

No obstante, esa actualización puede demorar años en plasmarse en normativa efectiva. Un caso reciente ilustrativo es la prohibición del Rojo No. 3 en EE.UU.: ha reactivado debates en países como Perú sobre la viabilidad de migrar a colorantes naturales, pero también ha dejado entrever las dificultades para lograrlo rápidamente.

En conclusión, América Latina se debate entre armonizar sus normas con criterios internacionales estrictos o mantener esquemas propios más permisivos. Existe una clara tendencia hacia la convergencia: conforme EU y EE.UU. aprietan sus estándares y los consumidores demandan mejores prácticas, se estima que la mayoría de los países latinos vayan restringiendo gradualmente los colorantes artificiales más polémicos.

Sin embargo, el ritmo será desigual. Los retos para la integración normativa incluyen superar las limitaciones técnicas locales y generar consensos políticos que prioricen la salud pública sobre intereses industriales de corto plazo. Lograrlo implicaría, idealmente, fortalecer espacios regionales que faciliten ese intercambio técnico y el alineamiento progresivo de las regulaciones en beneficio del consumidor latinoamericano.

En este video veremos de parte de los experto los colores que están restringiendo y el por qué.