Implicaciones para México y América Latina: tres palancas regulatorias ya activas

Sin tratado, el terreno se juega en leyes nacionales y locales:

Prohibiciones y restricciones a plásticos de un solo uso en Colombia (Ley 2232) con primeras prohibiciones en vigor desde 2024, y cronograma hasta 2030; impacto directo en servicio de alimentos, delivery y retail.

Chile: Ley 21.368 limita utensilios y envases desechables, impulsa retorno y reuso en alimentos, y prohíbe gradualmente poliestireno expandido en foodservice; presión competitiva para exportadores que venden en ese mercado.

Perú: Ley 30884 restringe plásticos de un solo uso y tecnopor en alimentos y bebidas; refuerza la señal para alternativas y ecodiseño.

Brasil: modelo de logística reversa y actualizaciones en residuos que fortalecen esquemas EPR y la economía circular; clave para cadenas regionales de abastecimiento de resina reciclada.

México: desde 2020–2021 prohíbe bolsas y múltiples desechables (vasos, cubiertos, contenedores, palitos, globos, aplicadores) salvo compostables certificados; hay criterios técnicos (NACDMX-010-AMBT-2019) y listados de proveedores autorizados por SEDEMA. Esto incide directamente en foodservice, QSR, retail, e-commerce de alimentos y bebidas. A nivel nacional no existe una prohibición federal integral, y la fragmentación estatal obliga a gestionar cumplimiento estado por estado.

Finalmente, INC-5.2 no entregó un tratado, pero reforzó dos certezas:

el vector regulatorio seguirá creciendo por presiones científicas y de mercado y
el sector de alimentos, bebidas y packaging que adelante decisiones (diseño, reuso, EPR, trazabilidad de aditivos) ganará ventaja en costo de cumplimiento y reputación.

Para México y LATAM, la estrategia ganadora combina lectura fina de las leyes locales, estándares corporativos superiores a mínimos legales y gobernanza de datos lista para auditorías. El tratado global llegará —o surgirán acuerdos entre bloques—, pero las empresas líderes ya están operando como si el marco estuviera firmado.