Parlamento Europeo avanza en regulación contra el "greenwashing"

Para proteger mejor los derechos de los consumidores, promover decisiones respetuosas con el medio ambiente y crear una economía circular que reutilice y recicle materiales, el Parlamento Europeo avanza en la regulación para evitar el greenwashing, “blanqueo ecológico” o “lavado verde”.

Este término se refiere “a la práctica de dar una falsa impresión del impacto ambiental o los beneficios de un producto, lo que puede inducir a error a los consumidores”, precisó el Parlamento.

La autoridad europea señaló que los consumidores necesitan declaraciones ambientales confiables, comparables y verificables para tomar decisiones plenamente informadas.

Lo anterior debido a que muchos productos llevan etiquetas que aseguran ser de origen “natural”, “ecológico” o “respetuoso” con el medio ambiente, pero muchas veces no se ha demostrado que lo sean.

El Consejo de la Unión Europea refirió que un estudio de 2020 concluyó que más de la mitad de las declaraciones ambientales ofrecen información vaga, engañosa o infundada.

Además, afirmó en un análisis que el 86 por ciento de los consumidores quieren mejor información sobre la durabilidad de los productos.

Impulsan Directiva para mitigar el “lavado verde”

Por ello, el Consejo ha adoptado su posición sobre la Directiva relacionada con declaraciones ecológicas para tratar el “lavado de imagen verde”, o greenwashing, y ayudar a los consumidores a tomar decisiones realmente sustentables al comprar un producto o utilizar un servicio.

Con la nueva Directiva sobre el Blanqueo Ecológico, que está revisando la autoridad

europea, se busca asegurar de que toda “la información sobre el impacto de un producto en el medio ambiente, su longevidad, su capacidad de reparación, su composición, su producción y su uso esté respaldada por fuentes verificables”.

Otras iniciativas de la Unión Europea son introducir estándares mínimos en el desarrollo de productos para asegurar que casi todos los productos en el mercado sean sostenibles, duraderos y ecológicos.

También trabaja en garantizar el derecho de los consumidores a reparar los productos, fomentando la reparación en lugar de la compra de productos nuevos.

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Etiquetas con criterios claros

La propuesta para combatir el “lavado verde” se refiere expresamente a las declaraciones ambientales explícitas (presentadas de manera escrita u oral ) y a las etiquetas ambientales que las empresas utilizan voluntariamente al promocionar sus productos ecológicos y que cubren los impactos, aspectos o desempeño ambiental de un producto o comerciante.

También se aplica a los sistemas de etiquetado ambiental existentes y futuros, tanto públicos como privados.

“Las empresas deben utilizar criterios claros y la evidencia científica más reciente para fundamentar sus afirmaciones y etiquetas”, expone el Consejo Europeo.

Por lo que las afirmaciones y etiquetas ambientales deben ser claras y fáciles de entender, con una referencia específica a las características ambientales que cubren (como la durabilidad, la reciclabilidad o la biodiversidad).

Destaca que cualquier declaración ecológica impresa en la etiqueta de algún producto, las empresas tendrán que presentar pruebas, obtener la aprobación previa y ser verificada por expertos independientes de terceros antes de ser publicada o de utilizar dichas declaraciones.

Las microempresas estarán sujetas a verificación según el criterio general y tendrán 14 meses más que el resto de empresas para cumplir con esas normas.

¿Qué prohibirá la Unión Europea?

• Declaraciones ambientales genéricas (como “respetuoso con el medio ambiente”, “eco”, “natural”, “biodegradable”, “climáticamente neutral”) sobre productos sin proporcionar pruebas que sustenten dichas afirmaciones.
• Afirmar que un producto tiene un impacto neutro, reducido o positivo en el medio ambiente porque el productor está compensando las emisiones.
• Etiquetas de sostenibilidad que no se basan en sistemas de certificación aprobados o establecidos por autoridades públicas.
• Publicitar o promover productos que tienen características de diseño que podrían reducir la vida útil de un producto.
• Realizar afirmaciones de durabilidad no probadas en términos de tiempo o intensidad de uso en condiciones normales.
• Presentar bienes como reparables cuando no lo son.

Beneficios de la lucha contra el greenwashing

José María Ferrer, responsable de Asuntos Regulatorios Alimentarios / Formación de AINIA, opina que con esta legislación, para combatir el “blanqueo ecológico”, los “consumidores tendrán información medioambiental sobre los bienes de consumo que será fiable, comparable, verificable y de fácil acceso”.

Ello les ayudará a tomar sus decisiones de compra con mayor conocimiento de causa y contribuirán a la transición ecológica.

“Las empresas se benefician al lograr unas condiciones de competencia equitativas en materia de alegaciones ecológicas y refuerzan la credibilidad en los mensajes que trasladan al consumidor”, añade el experto.

Al mismo tiempo, se promoverá la competitividad de los operadores que aumentan la sostenibilidad medioambiental de sus productos.

En general, los beneficios se traducirán en mitigar el riesgo de blanqueo ecológico y la competencia desleal.

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Ainia o la Asociación de Investigación de la Industria Agroalimentaria destaca que la iniciativa legislativa se enfoca en tres objetivos principales:

1. Reforzar la protección del medio ambiente.
2. Salvaguardar a consumidores y empresas del blanqueo ecológico.
3. Mejorar la seguridad jurídica en el mercado interior de la Unión Europea.

José María Ferrer, experto en la materia, subraya que el aspecto fundamental para frenar el blanqueo ecológico es la “objetivación de los mensajes”.

La nueva legislación busca asegurar la fiabilidad y verificabilidad de las declaraciones ambientales a través de varios mecanismos.

Para ello, se ha establecido indicadores de rendimiento para evaluar la eficacia de estas medidas, centrándose en:

• La fiabilidad, comparabilidad y verificabilidad de las alegaciones medioambientales sobre productos y empresas.
• El nivel de confianza de los consumidores en la información medioambiental proporcionada.
• La mejora del comportamiento medioambiental de productos y organizaciones.
• La reducción de obstáculos en los mercados ecológicos.

El especialista en Ainia estimó que el Parlamento Europeo apruebe y publique en el Dictamen hasta después de este verano, luego de que el pasado 12 de marzo aprobó la posición en primera lectura.