La ley que quiere salvar al maíz nativo mexicano

El gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal para el Fomento y Protección del Maíz Nativo (LFFPMN), con la que busca proteger las diversas especies de maíz que se dan en territorio mexicano.

La nueva ley declara como una obligación del estado garantizar y fomentar el derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y declara la producción, comercialización y consumo del maíz nativo como manifestación cultural.

La ley entró en vigor el 14 de abril de este año, sin embargo esta legislación aprobada por los congresistas mexicanos no específica de qué manera se puede proteger al maíz nativo de los transgénicos.

La razón principal por la que se busca proteger a las variedades de maíz es por la forma como trabaja la selección natural: las especies genéticamente modificadas, al ser más resistentes, tienden a prevalecer sobre las especies endémicas, contaminarlas o llevarlas a la extinción.

Los maíces nativos son aquellos que se han domesticado desde hace 10 mil años a partir de las variedades originarias de la planta denominada como teocintle. Los campesinos los conocen también como criollos o maíces de colores.

Cabe referir que en el territorio mexicano existen más de 300 variedades derivadas de 64 razas de maíces nativos.

Este no es el único esfuerzo por proteger el maíz. En 2014 se empezó a gestar un proyecto de ley mucho más completo llamado “Ley Modelo Para una Agricultura y Alimentación Bioculturalmente Adecuadas en México”.

Este proyecto fue desarrollado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), organización de la sociedad civil formada por un grupo de abogados mexicanos que se financia con donativos.

Integrada por 64 artículos, el documento incluye el saber de las comunidades indígenas y campesinas -nahuas, otomíes, totonacas, mayas, purépechas, tzeltales, tzotziles y wixárikas-, y  la voz de organizaciones de la sociedad civil, autoridades, organismos internacionales y tribunales de justicia.

El CEMDA compartió su proyecto de ley a representantes de la Secretaría de Agricultura (Sader), de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat), sin embargo, está en el tintero debido a decreto de emergencia sanitaria por el coronavirus.