Ley de desperdicio alimentario: guía para adaptar tu cadena de valor y evitar sanciones

El pasado 2 de abril de 2025 entró en vigor en España la Ley 1/2025, de 1 de abril, de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Se trata la primera legislación con alcance estatal que liga directamente la sostenibilidad alimentaria con la operación cotidiana de los agentes del sector.

Esta normativa, enmarcada en la estrategia europea que persigue reducir los residuos alimentarios en un 50 % de cara a 2030, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y responde a la apremiante necesidad global de combatir el despilfarro alimentario.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aproximadamente el 30 % de los alimentos producidos a nivel mundial se desperdicia, cantidad equivalente a unos mil 300 millones de toneladas al año, la mitad de ese desperdicio ocurre en etapas de postcosecha y venta minorista.

De acuerdo con el Webinar Desafíos y oportunidades que presenta la Nueva Ley de Desperdicio Alimentario, la ley afecta a todos los eslabones de la cadena alimentaria: productores primarios, industrias transformadoras, distribución mayorista y minorista, hostelería, restauración, entidades sin ánimo de lucro, bancos de alimentos y administraciones públicas.

Esta amplitud garantiza una cobertura integral, aunque la regulación permite excluir a pequeños comercios (menos de mil 300 metros cuadrados), en el caso de ciertas obligaciones vinculadas a donaciones.

Ley de desperdicio alimentario: ¿cómo afectará la cadena de valor en la industria de alimentos y bebidas?

Obligaciones principales por agente

Plan de prevención

Todas las organizaciones incluidas deben diseñar y documentar un plan de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario. Este plan exige un diagnóstico interno de puntos críticos, establecimiento de indicadores, estrategias de minimización y protocolos de redistribución.

Su incumplimiento se considera infracción grave, con multas entre 60 mil euros y hasta 500 mil euros en casos de reincidencia.

Jerarquía de gestión de excedentes

La ley establece una jerarquía para el destino de los alimentos no consumidos:

1. Aplicación directa al consumo humano (donaciones o transformación)
2. Transformación industrial (zumos, mermeladas)
3. Alimentación animal
4. Uso industrial (piensos, materias primas)
5. Compostaje o biocombustible

Donación de excedentes

Se exige la formalización de convenios entre operadores y entidades sociales o bancos de alimentos, especificando condiciones de recogida, transporte y trazabilidad.

Los supermercados y minoristas (gran superficie) están obligados a suscribir estos acuerdos; establecimientos menores quedan exentos.

Además, bares y restaurantes deben proporcionar envases reutilizables o reciclables gratuitos para que los clientes se lleven sobras.

Productos estéticamente imperfectos

En línea con buenas prácticas internacionales, se fomenta la venta de frutas y verduras "feas", dotándolas de visibilidad y descuentos adecuados, con el fin de evitar su descarte por criterios estéticos. Además, se incentiva la venta de productos próximos a la fecha de caducidad.

Fechas de consumo y etiquetado

Las administraciones impulsan campañas y líneas formativas para un uso responsable y clarificado de las fechas de caducidad (“consumir antes de”) y consumo preferente, buscando reducir el error habitual del consumidor.

También se promueve alargar la vida útil mediante mejoras en el etiquetado y sistemas logísticos.

Planes estratégicos y control

El Gobierno central coordinará un Plan Estratégico revisable cada cuatro años, junto con un Plan Nacional de control, ambos complementados por planes autonómicos y locales.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicará un informe anual con indicadores y resultados de la ejecución. Las inspecciones deberán ser sistemáticas y frecuentes, garantizando el cumplimiento con enfoque proporcional y coordinado.

Régimen sancionador

Las infracciones se clasifican en:

• Leves
• Graves
• Muy graves (reincidencia

Este régimen también se integra con la normativa general de residuos, higiene y seguridad alimentaria.

La fermentación transformaría el desperdicio alimentario en ingredientes nutritivos

Impacto sobre la industria

Las cadenas de distribución deben rediseñar procesos logísticos para incorporar productos poco estéticos y ajustar precios conforme a fechas próximas de caducidad. También han de establecer convenios con ONG y transformar excedentes posibles en otros productos alimentarios.

Además de ofrecer envases gratuitos, deben optimizar su planificación de compras, controlar el inventario y generar protocolos internos de minimización de restos.

Estrellas Michelin han avanzado en compostaje o reutilización como fertilizante propio, anticipando algunas obligaciones.

Se impulsa el uso de técnicas de cosecha sostenible, almacenamiento adecuado y etiquetado estratégico. Tendrán que reconducir lotes estéticos fuera de mercado convencional hacia uso industrial o donaciones.

Las administraciones públicas deben desarrollar guías de buenas prácticas, formar agentes, facilitar infraestructuras adecuadas y asegurar coherencia regulatoria. Asimismo, deberán coordinar campañas que involucren ciudadanía y operadores.

Retos y debates críticos

Los sectores minoristas coinciden en que, si bien el refuerzo en prevención es positivo, el régimen sancionador resulta excesivamente estricto, y la ley no aborda suficientes incentivos para hogares.

Expertos han criticado que la normativa pone un énfasis excesivo en consumidores y hostelería, pero no aborda suficientemente las grandes cadenas que imponen estándares estéticos que generan desperdicio en origen.

La efectividad dependerá de inversiones sustanciales en formación, infraestructuras logísticas, tecnologías de seguimiento y etiquetado, lo que requiere mecanismos financieros de apoyo, especialmente para pymes y autónomos.

La ley de desperdicio alimentario configura un marco robusto con alcance transversal, estableciendo obligaciones operativas y formales en todos los perfiles de la cadena.

Si bien su eficacia dependerá de una implementación efectiva—especialmente en lo que se refiere a colaboración público‑privada, inversiones y cultura de sostenibilidad—también representa una oportunidad para profesionalizar la gestión de excedentes, aumentar la eficiencia y proyectar la imagen de un sector responsable y alineado con las exigencias globales.

Para entidades y empresas, los desafíos clave radican en:

• Adaptar sistemas logísticos y de gestión interna a la jerarquía establecida.
• Establecer colaboraciones formales con entidades sociales.
• Desarrollar equipos, protocolos y formación continua, mediante guías oficiales y autonómicas.
• Invertir en tecnología (etiquetado inteligente, trazabilidad).
• Mejorar la narrativa empresarial: sostenibilidad, trazabilidad, negocio circular.

Por último, la senda hacia una cadena alimentaria cero desaprovechamientos es compleja, pero el éxito de la ley de desperdicio alimentario estará en la unión de reguladores, empresas y sociedad civil para caminar juntos hacia un modelo justo y eficiente.

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